“Antes el ciclo de migración era de noviembre a marzo y ahora se mantiene durante todo el año. Hoy las familias están saliendo permanentemente porque no hay forma de sobrevivir en las comunidades”, advierte Abel Barrera. Muchos no tienen tierras y no tienen acceso a los programas federales, “y al no estar en sus comunidades tampoco los registran para los programas y tampoco se vacunan”.
Por Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero, 8 de agosto (El Sur).- Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, el panorama que dibujan los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “es desolador”, sobre todo para la región de la Montaña.
Dijo que la mayoría de las 907 mil familias que están en pobreza extrema se ubican en su mayoría en la región de la Montaña, donde no hay servicios de salud y educación, mientras que los montos de los programas sociales del Gobierno federal van en decremento.
De acuerdo a los datos que se dieron a conocer el jueves por el Coneval, Guerrero tiene dos millones 363 mil 188 personas en situación de pobreza y de ellas 907 mil 629 se encuentran en pobreza extrema.
Consultado por teléfono, el director de Tlachinollan, organismo que documenta violaciones a los derechos humanos en la Montaña, migración, el abandono y la marginación de los indígenas de la región, dijo que la situación de pobreza de las familias de la región de la Montaña se refleja sobre todo en la carencia de los derechos básicos como la alimentación, salud y la educación.
Agregó que estas carencias se han ido remarcando sobre todo a raíz de la pandemia, pero también por la crisis económica que se refleja en el incremento hasta en un 100 por ciento de los productos de la canasta básica, aumentos que comenzaron desde finales del 2019 y se agudizaron con el problema del coronavirus.
“En verdad se han vuelto inalcanzables los productos de la canasta básica para las familias, no alcanzan a tener una dieta adecuada, la situación no garantiza a las familias que trabajan en el campo el acceso a los alimentos básicos”, aseguró el activista de derechos humanos.
Dijo que los precios de los productos de primera necesidad han aumentado en esa región con mayor velocidad a raíz de la pandemia, y que las familias al no tener para el alimento diario emigran en cualquier época del año.
“Antes el ciclo de migración era de noviembre a marzo y ahora el ciclo se mantiene durante todo el año.
Hoy las familias están saliendo permanentemente porque no hay forma de sobrevivir en las comunidades”, aseguró,
Declaró que el problema es que la mayoría de las familias no cuentan con un ingreso seguro, pues no cuentan con un trabajo remunerado, “y los programas sociales son insuficientes, no cubren lo necesario para la alimentación”.
Barrera Hernández aseguró que contra lo que se cree, en el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decrecido el monto de los programas.
“Por ejemplo, antes, las mamás recibían los apoyos por cada uno de sus hijos que iban a la escuela y ahora es un solo apoyo para todos, entonces es menor el ingreso”.
Agregó que lo mismo pasa con los campesinos, indígenas y pequeños productores, “ahorita reciben mil 600 pesos por temporada, es decir, el apoyo es al año por la compra de insumos y para una familia que siembra media o una hectárea es poco, no le alcanza comparado con lo que cuestan los productos en las tiendas, los productos industrializados, se vuelve más complicado todo”.
Otro de los problemas es la carencia de medicamentos del sector salud, “y obviamente la gente tiene que pagar las medicinas que cada día son más caras, no tienen control de precios, están subiendo, se escasean y al escasearse aumentan más”.
Agregó que, además, al no encontrar servicio en las casas y centros de salud, así como en los hospitales, las familias tienen que recurrir al servicio privado para curarse, “y más ahora con la pandemia”.
Denunció que “se ha vuelto un círculo perverso” sobre todo para los indígenas, el empobrecimiento y el encarecimiento de los productos básicos y medicamentos.
Dijo que en la mayoría de los municipios de la región tampoco hay conectividad segura para el servicio de Internet y los niños y jóvenes no se han interesado en dar seguimiento a la educación virtual, “por lo mismo los papás han dicho que, ahora, es cuando mejor les va porque se llevan a toda la familia como jornaleros”.
Informó que Tlachinollan ha registrado 22 mil personas que salieron el año pasado y lo que va del actual, consideró que este es un número alto y que además se debe tomar en cuenta que hay un sub registro, porque no todos llegan a reportarse al Consejo de Jornaleros.
Contó que hay casos en que los camiones van a las comunidades directamente para llevarse a las familias, “y toda esa gente no es registrada, entonces el número es mucho más alto”.
Agregó que además de la pobreza se van porque muchos no tienen tierras y al no tener tierra no tienen acceso a los programas federales, “y al no estar en sus comunidades tampoco los registran para los programas los ‘servidores de la nación’, y tampoco se vacunan porque no están dados de alta en las plataformas de vacunación porque la gente tiene que estar trabajando”.
“Es una población flotante, estamos hablando de miles de familias jornaleras, entonces esa población es la que no accede a los programas y a la vacunación, la atención médica no es segura, tienen que recibir la atención de manera privada”.
Explicó que todos esos factores influyen a que sean las familias indígenas de la Montaña las que están en pobreza extrema.
Dijo que lo único que está salvando a algunas familias son las que tienen hijos en Nueva York, Estados Unidos, que es donde regularmente se va la gente de la Montaña y que a través de las remesas sostienen a los que se quedan en la Montaña.
“Eso es lo que está sufragando esta crisis económica y sanitaria que están enfrentando las familias”,
matizó.
“Es lo que permite mantener a flote a algunas familias, con eso pueden acceder a algunas medicinas, a los alimentos que no alcanzan a producir, tener alguna reserva muy pequeña para vestido, calzado y algunas cuestiones de los hijos a los que hay que comprarles algunas golosinas”.
Sin embargo, insistió que en general, “es muy precaria la situación, y creo que el reporte que da Coneval dibuja un panorama desolador”.
Aunque reconoció que la pandemia es otro factor que no estaba previsto y que esto hizo que se redujeran los índices de desarrollo y, más bien, se incrementará el número de familias pobres y aumentaran las que están en extrema pobreza.
Insistió que en la Montaña hay también desesperación de las familias porque, además, algunas familias que tuvieron que involucrarse en la siembra ilícita de la amapola ya no es garantía de un ingreso que complemente sus gastos básicos porque ha bajado el precio de la goma de opio que antes era de hasta 25 mil pesos el kilo, a unos tres mil ahora.
Añadió que, aunque actualmente se ha recuperado el precio a 10 o 12 mil pesos, aun así, en estos momentos en que todo está caro los insumos agrícolas también subieron, y esto hace que ya no sea redituable la siembra ilícita y genera más problemas porque hay más violencia en las comunidades.
“En fin, la situación sigue descomponiéndose, no hay una recomposición, al contrario, hay una descomposición y quienes están pagando las consecuencias de esta crisis son las familias indígenas, las regiones pobres, las personas que no tienen bienes materiales, sobre todo el acceso a la tierra y un trabajo seguro”, concluyó.
